Cynthia Zapata
Directora / Oficina de Apoyo al Consumidor – Meic
Hace 23 años entró en vigencia la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la cual estableció un marco de protección mediante una serie de derechos para los consumidores y correlativas obligaciones a los comerciantes; a la vez que aseguraba el establecimiento de reglas que permitirían combatir las prácticas monopólicas.
Esta ley es una de las primeras de Latinoamérica en su especie y es parte de la transición hacia una economía de mercado. Su principal característica es el balance entre las normas que favorecen la apertura de los mercados y las que protegen a los consumidores de bienes y servicios.
A pesar de este balance inicial, la ley 7472 ha sido sometida a una reforma en el capítulo de competencia y una más se encuentra planteada en el Congreso; sin que se haya podido aprobar aún una reforma igualmente necesaria al capítulo de defensa efectiva del consumidor.
Los intereses de los sectores dedicados al comercio, han impulsado las reformas en materia de libre concurrencia en especial, de las reglas que impiden la concentración de mercados; pero no existe el contrapeso necesario de un sector de la economía que propugne e impulse un avance en la legislación de protección al consumidor. Dicho en las palabras del expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Fitzgerald Kennedy:
«Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas… pero también el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados».
Esta frase del discurso pronunciado un 15 de marzo de 1962, ante el Congreso de los Estados Unidos, motivó el surgimiento de movimientos de consumidores y dio origen a una serie de iniciativas para su adecuada protección; no en vano esa fecha fue elegida 20 años después para celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
A pesar el ello, en nuestro país algunas reivindicaciones en esta materia siguen pendientes, siendo necesario equilibrar la balanza y favorecer cambios normativos urgentes para la efectiva protección de los consumidores.
Hace ya algunos años con el apoyo de expertos en diversos campos, la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), presentó un proyecto de reforma integral a la Ley 7472, pero este esfuerzo fue desechado en la Asamblea Legislativa. Así, otros esfuerzos han sido presentados para mejorar diversos aspectos de la Ley, por ejemplo, lo relativo a tarjetas de crédito, las garantías y la información que recibe el consumidor; sin que tales proyectos lleguen a transformarse en ley de la República.
Se hace urgente, entonces, el establecimiento de nuevas reglas para la protección, acorde no solo con las necesidades que presenta nuestra realidad económica sino también con las mejores prácticas a nivel internacional.
Los retos producto de los cambios tecnológicos y la acelerada transformación de los mercados producto del surgimiento de nuevas formas de intercambio de bienes y servicios, han hecho surgir espacios especializados en el ámbito internacional para proponer e impulsar ajustes en las legislaciones de protección al consumidor. Los diversos organismos internacionales, como la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han formado grupos de trabajo para la defensa del consumidor que procuran la actualización de las regulaciones a las nuevas condiciones de los mercados.
En la misma línea, las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, revisadas y aprobadas por la Asamblea General en diciembre de 2015, establecieron un conjunto de principios que deben tener las leyes de protección del consumidor y las instituciones encargadas de aplicarlas. Esas nuevas directrices toman en cuenta aspectos novedosos como la protección del consumidor en el contexto del comercio electrónico y en materia de servicios financieros; así como el consumo sostenible y una protección especial para los consumidores en situación de vulnerabilidad.
Dentro de las necesidades legítimas que las directrices procuran atender se encuentran el acceso a bienes y servicios esenciales; el acceso a información adecuada, la educación sobre las consecuencias ambientales, sociales y económicas que tienen sus decisiones; y la disponibilidad de medios efectivos para la solución de controversias y para la compensación económica.
Conocedores de los avances regulatorios y las mejores prácticas a nivel internacional y tomando en cuenta la realidad de nuestro contexto, es evidente la necesidad de reformar nuestro marco normativo y contar con nuevas reglas para la efectiva protección del consumidor.
Las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional del Consumidor, son reflejo de los grandes escollos estructurales y coyunturales que contribuyen a la vulneración de sus derechos. Dentro de los primeros, podemos señalar la poca educación en materia de consumo y financiera, los problemas acceso a bienes de primera necesidad, el sobreendeudamiento, el desconocimiento de los riesgos del comercio electrónico; dentro de los segundos, los relacionados con la poca información de calidad en la compra de bienes o contratación de servicios, la presencia de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, la imposibilidad de reclamar mediante un procedimiento ágil la garantía en un producto; por mencionar algunos.
La actualización de la Ley 7472 no solo generaría el contrapeso necesario que requiere una política de mercado abierta, sino que constituye una deuda social y moral que deberá asumirse con valentía en la Asamblea Legislativa, pues al fin y al cabo consumidores somos todos.
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