En los últimos 4 años, temas como el cierre de frontera aguacatera con México que provocó que un kilogramo de aguacate sea más caro en promedio que un kilogramo de carne de res de corte popular, la obligación de que los frijoles importados desde Nicaragua tengan que venir limpios de origen generó un incremento en el precio de ¢1.200 a ¢1.900 al inicio de la Administración solamente por esa medida que afectó además el empleo en nuestro país, y el tema de la cebolla, entre otros, se pasó casi al triple del precio en el año pasado en diciembre, sin que los permisos de importación salieran a tiempo para contener la escala en el precio.
Estos casos, son ejemplos de la acción errática del Gobierno de la República en los 4 años pasados, en los que la tónica ha sido el beneficio a sectores particulares de la economía nacional a costa del bolsillo de los consumidores, una visión de restricción de las importaciones de bienes tanto agrícolas como industrializados que ha provocado que los precios de los alimentos se presionen hacia el alza. Según el INEC de los 315 bienes y servicios que integran la canasta de consumo 52% aumentaron de precio a marzo de 2018.
Los consumidores hemos manifestado a lo largo de 4 años, nuestra preocupación en temas sensibles como las tarifas eléctricas, las condiciones y los movimientos tarifarios del sistema de transporte público y la política de desatención al mejoramiento de los mecanismos de tutela de los derechos de los consumidores, así como recientemente la intención de volver al Estado Empresario poniendo a Recope a envasar gas licuado de petróleo para vendérselo al consumidor final mediante un nuevo reglamento de GLP (incompleto y con grandes errores de concordancia) que actualmente se encuentra en consulta pública.
El balance ha sido negativo, pues las organizaciones de consumidores desde el tercer año de gobierno dejamos de solicitar una cita con el presidente de la República, para explicar nuestros puntos de vista, sin embargo, hemos visto como si le dedica tiempo a sectores particulares. Esto demuestra un desequilibrio evidente en la atención de los sectores. Nunca el presidente de la República abrió un espacio real para los consumidores.
“La actual administración cerró las puertas a los consumidores, tomando decisiones erróneas en materia de precios y promesas no cumplidas. Si la propuesta del PAC es una continuación de este Gobierno, pues nosotros no creemos que se deba continuar con lo que se ha hecho”, indicó Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica.