Taxis vs. Uber, ¿Alguien ya habló con los usuarios?

Dos días de bloqueos y tortuguismo en las principales calles del país fueron suficientes para que el Gobierno del presidente Carlos Alvarado aceptara sentarse en una mesa de negociación con un grupo de taxistas.

La reunión fue a contrarreloj… y el Ejecutivo -liderado por el ministro Juan Carlos Mendoza- pactó 10 complacientes compromisos que van desde futuras reuniones, hasta órdenes a varios Ministerios para que endurezcan su trato a Uber y a los choferes que utilizan la plataforma.

Para sorpresa de los usuarios, en el pacto no hubo una sola obligación para los taxistas. La única condición fue que no siguieran los cierres ilegítimos de vías, algo que de por sí está penado en la ley.

Pero no hubo ninguna solicitud en temas como: uso del uniforme, uso del taxímetro o la obligación de prestar el servicio, aunque el viaje sea corto.

Tampoco se habló de mano dura para quienes explotan más de una concesión, o para quienes tienen choferes que no cumplen los requisitos… o los que alteran «la maría», o los dicen que no tienen «vuelto» o a quienes misteriosamente «les deja de funcionar» el datáfono y alargan los recorridos hasta cajeros automáticos para cobrar cifras mayores.

La atención del Ejecutivo se centró solo en los taxistas… no en sus rivales, los conductores de plataformas como Uber o Nova… y mucho menos en los usuarios.

Un pacto complaciente

Tanto los acuerdos como el léxico usado en ellos evidencian un favorecimiento explícito hacia el gremio de los taxistas.

Por un lado, a la «fuerza roja» se le da acceso a ministerios e instituciones del Estado. Por el otro, a Uber se le denomina «servicio de transporte irregular». Es clara la carga semántica.

Algunos de los compromisos alcanzados son:

  • Un proceso de negociación liderado por el máximo jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez.
  • Un espacio con el superintendente de Entidades Financieras, Bernando Alfaro, así como con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para atender al sector taxista. El gremio busca el cierre o bloqueo de cuentas bancarias.
  • Una reunión con la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para valorar las implicaciones fiscales de la operación de plataformas tecnológicas a las que llaman «de servicio de transporte irregular».
  • Los ministerios de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y Economía, Industria y Comercio (MEIC) deberán decidir sobre el alcance de la pauta que ejecutan las plataformas, de nuevo llamadas en el pacto como «servicios irregulares de transporte».
  • El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) deberá decidir si el decreto que faculta a Uber para operar dentro del régimen de zona franca se está cumpliendo en sus alcances y restricciones. Tiene fecha límite: el 3 de agosto. En este punto, el gremio de taxistas la emprende inclusive contra la operación de un centro de servicios compartidos, un ámbito diferente al de los transportes.
  • Intensificación de los controles sobre los servicios de transporte «que operan fuera de las regulaciones».
  • El compromiso de que en un plazo máximo de 45 días naturales el Gobierno dará una respuesta a los taxistas.

En ninguno de estos compromisos se habla de los usuarios o sus necesidades.

El cliente siempre…

Tras el acuerdo del Gobierno con los taxistas, las asociaciones de consumidores fueron las primeras en criticar los compromisos.

En primer lugar, por la ausencia de algún representante de los usuarios que les diera voz ante las exigencias de los taxistas y las decisiones de las autoridades. Pero también porque los usuarios de Uber actualmente están a merced de la discrecionalidad de las decisiones de la empresa, a falta de obligaciones.

«Es el usuario el que debe estar en el centro de la discusión, la solución de sus demandas de transporte eficiente y eficaz (…) En la mesa de diálogo, no hubo ningún representante de los usuarios (…) No reconocemos ningún acuerdo que se negocie a espaldas de los usuarios. No somos el botín de ningún grupo organizado, de empresa transnacional o de grupos de microemprendedores asociados a una plataforma tecnológica», reclamó la asociación Consumidores de Costa Rica.

A esta petición se han sumado algunos políticos:

El sector empresarial, por su parte, acuerpa a los usuarios y envía una señal de que el país debe ajustarse a los cambios tecnológicos.

«Debemos vivir de realidades y una de esas realidades es que los costarricenses aprecian ese tipo de servicio, por lo que consideramos conveniente regular el servicio y que todos tengan las reglas claras así como las obligaciones», dijo Gonzalo Delgado, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep), al medio digital CRHoy.com.

El origen de la pugna

En Costa Rica existe una «Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi» que le otorga al Estado la potestad de emitir concesiones para la explotación del servicio.

Luis Mesalles explica muy bien la dinámica en su columna Letras de Cambio, del diario La Nación: «El gobierno define la cantidad de vehículos que darán el servicio (mediante el otorgamiento de placas) y el precio. La calidad se determina mediante la definición de ciertos estándares, como que el vehículo tenga ciertas características, que vaya a Riteve dos veces al año, que tenga un seguro contra terceros, entre otros».

A esta legislación se amparan los «dueños de placas» o concesionarios de taxi, así como sus choferes. Ellos alegan que desde la entrada de Uber, hace casi 3 años, han sufrido de una merma en su mercado y sus ingresos.

En la acera de enfrente está Uber, una empresa con operación en 80 países por medio de una plataforma para teléfonos inteligentes en la que dueños de vehículos particulares y potenciales clientes acuerdan viajes. En Costa Rica las tarifas son menores a las de un taxi regular.

Desde su llegada, esta empresa mostró disposición para que se formalizara su operación. Ya lo han logrado en países como Estados Unidos, México o Panamá, donde conviven con los taxis.

«Seguimos insistiendo en buscar vías de diálogo con el Gobierno en pro de una regulación que permita la coexistencia de diferentes esquemas de movilidad en el país y que beneficie a los usuarios y a las personas que han encontrado en Uber una opción de ingresos», dijo Martha Castro, gerente de Comunicaciones Región Andina, Centroamérica y el Caribe, en un comunicado distribuido el 3 de julio.

A la fecha, la empresa ha logrado reclutar a unos 18.000 choferes, muchos de los cuales lo toman como un trabajo formal.

Inclusive se refleja en las Encuestas Continuas de Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en las que el sector Transportes ha mostrado crecimientos acelerados.

Modelos diferentes

La principal diferencia entre Taxis y Uber se da –según Mesalles– en el modelo: el sistema de los taxis está centrado en la oferta y el de Uber, en la demanda.

Esto le da una ventaja a la plataforma electrónica, pues lleva el transporte hasta donde lo soliciten los clientes y genera información que permite a choferes y usuarios tomar decisiones de previo al viaje.

«Al centrarse en la demanda, la aplicación de Uber es mucho más eficaz que la regulación estatal en empatar la oferta con la demanda», opinó Mesalles.

No es de extrañarse entonces que los usuarios estén más satisfechos.

A eso súmele un mecanismo de calificación en Uber que permite evaluar la calidad del servicio en cada viaje, algo de lo que carece el sistema de taxis.

Pese a estas ventajas, la decisión de formalizar la operación de la empresa ya fue postergada por el expresidente Luis Guillermo Solís y ahora la pospone el presidente Alvarado.

Regular lo que no existe

En la mayoría de países donde irrumpió Uber con su plataforma, las autoridades se han hecho la misma pregunta: ¿Cómo regular lo que no existe? Es decir, ¿cómo establecer un control a un tipo de servicio que las leyes no contemplan?

La tecnología da pasos tan rápidos, que va dejando atrás a las leyes, sobre todo las más inflexibles o aquellas que hace tiempo estaban desfasadas.

A falta de que se cree formalmente la figura y se regule (entre otros motivos, por la presión de los taxistas) la plataforma Uber opera por la libre, sin que el Estado se beneficie de su utilización, ya sea mediante impuestos, cargas sociales, cánones o con obligaciones específicas.

La ausencia de un marco legal solo sirve de caldo de cultivo para condiciones que no ayudan al país, ni a los taxistas, ni a quienes han encontrado en Uber un empleo regular.

«Cada vez son más quienes dependen del servicio para vivir, como propietarios de sus vehículos u operarios de aquellos que otros poseen y les alquilan bajo arreglos informales y a menudo precarios», comenta el periodista Eduardo Ulibarri en su columna Radar, del diario La Nación.

Pero ¡atención!, esto no es peor de lo que ya existe: «Con los taxistas ocurre algo similar: algunos son propietarios de su placa y vehículo, pero muchos fungen como empleados solapados de quienes, rentistas del monopolio, han acaparado placas y los subcontratan informalmente, con igual o peor precariedad que en Uber», agrega Ulibarri.

En el limbo

Un día después de los acuerdos, el presidente Carlos Alvarado intentó bajar el tono a la polémica y aseguró que no se daría una «persecución» contra los Uber, pero que sí haría cumplir la ley actual, dejando entrever que no se les acosaría pero que en casos puntuales podrían darse sanciones.

Trató así de conciliar su posición actual con la que dijo tener en enero, cuando en plena campaña política se mostraba dispuesto a regular la app.

Y con la del 5 de marzo, cuando en el debate presidencial organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) dijo: “Yo apoyo que se normalicen plataformas tecnológicas, no una en particular, y que cumplan con nuestra legislación en materia de seguridad social, de pago de impuestos y competencia leal”.

Pero este 6 de julio, lo contradijo el director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, cuando confirmó a La Nación la conformación de 9 brigadas anti-Uber.

Mientras tanto, tres diputados (uno de ellos oficialista) manifestaron su voluntad de tramitar un proyecto que regularice la operación de Uber: Erick Rodríguez independiente; Roberto Thompson, del PLN y Enrique Sánchez, del PAC.

Este último dijo al periódico La República que resucitaría una iniciativa impulsada por Franklin Corella, exdiputado de su partido, para legalizar la aplicación. La idea del legislador es presentar el proyecto de ley en un plazo de 15 días.

«Lo cierto es que el país no puede permitir que estas formas de economía digital no se adapten a los nuevos tiempos cumpliendo con estándares mínimos que consideramos irrenunciables», dijo a La República.

Los otros dos creen que el Ejecutivo ha dado largas al asunto al transferir la responsabilidad a la Asamblea Legislativa.

Y mientras tanto, los usuarios siguen con mucho que decir… pero nadie les pregunta.

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