En medio de las fiestas y vacaciones de fin de año, prácticamente pasó desapercibido un hecho sin precedentes en el país que cambiará la manera en que se manejará el dinero en adelante: desde el 30 de diciembre de 2018 todos los comercios y proveedores de servicios están obligados a recibir tarjetas de crédito y débito como método de pago… o bien, un mecanismo electrónico alternativo.
Dos días antes del Año Nuevo se cumplieron los 24 meses que dio la Ley 9416 (Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal) para que las personas, físicas o jurídicas con actividad lucrativa obtuvieran la tecnología suficiente para recibir estos pagos.
Específicamente el artículo 4 de la ley dice que se deben aceptar, como medio de pago alternativo “las tarjetas de crédito o débito, así como cualquier otro mecanismo electrónico o no, en donde exista una institución financiera que le garantice al comerciante la acreditación del dinero a su favor”.
Esto pone en jaque a los comercios que han amenazado con dejar de recibir los pagos con tarjeta y a aquellos que no han incorporado la tecnología.
¿Qué hacer si persiste la negativa a recibir el pago con dinero plástico? Cualquier ciudadano puede poner la denuncia ante el Ministerio de Hacienda, pues es la entidad que administra esta ley.
Sin embargo, si una denuncia llega a otra entidad, como el Ministerio de Economía (Meic), será recibida y trasladada al Ministerio de Hacienda.
Cabe recordar que el Meic es receptor de las denuncias relacionadas con el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (N° 35867-MEIC). Estas quejas son las que tienen que ver con contratos, límites, información, acoso, publicidad y datos personales, entre otros temas.
Los comercios que se nieguen a recibir el pago con tarjetas de crédito o débito se exponen a una sanción de un salario base, que para 2019 se estableció en ¢446.200. Las multas, no obstante, comenzarán a regir a partir del 1º de julio de este año, pues así lo estableció la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas).
Aunque reconocen las ventajas de los pagos electrónicos, representantes de los comerciantes, detallistas y restauranteros llaman la atención sobre las comisiones de adquirencia e intercambio que deben pagar por el uso de los datáfonos, así como las retenciones automáticas que hace el Ministerio de Hacienda.
En opinión de estos empresarios, el uso de la tecnología sin adecuar estas comisiones y retenciones podría arruinar su flujo de caja y capital de trabajo, así como restar rentabilidad al negocio. De ahí que en muchos casos sugieran a los clientes que prefieran el efectivo en medida de lo posible.
Será el Ministerio de Hacienda el que defina si mantiene las retenciones automáticas en el nivel actual, o si las cambia para promover el cambio tecnológico, que además de trazabilidad a las transacciones.
En el caso de las comisiones de adquirencia e intercambio, existe un proyecto de ley (el 21.177) que pretende que sean definidas en un futuro por el Banco Central y la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) por un periodo de 2 años.