El gobierno costarricense pidió a las plataformas colaborativas de transporte, como Uber, que se abstengan de operar hasta que no llegue a un acuerdo con los taxistas.
Un documento emitido este 4 de setiembre por el Consejo de Gobierno insta a la transnacional y empresas similares a que «abandonen su operación» hasta tanto no se defina un marco legal sobre el transporte remunerado.
Así lo quedó establecido en el documento CERT-540-2018.
Nuevamente el Gobierno se pone de lado del gremio de taxistas. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes reconoció, en un comunicado, que el Consejo de Gobierno conoció este mismo martes la solicitud que hizo la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), con el fin de “cancelar, cerrar, bloquear la operación de la firma Uber para que así deje de operar su gestión ilegal”, según reza la petición.
Además de la petición contra Uber, en días pasados el gremio de taxistas se ha manifestado contra los usuarios de la plataforma a quienes han denominado «abusadores»; por su parte el Gobierno ha dado señales de querer desarrollar una plataforma tecnológica para la Fuerza Roja.
La nota del Consejo de Gobierno sugiere que solo una modernización de la ley podría crear la figura de transporte colaborativo.
En Costa Rica la plataforma Uber registra el uso de 22.000 conductores y 738.000 usuarios.
El medio digital CRHoy.com hizo una recopilación de por lo menos 8 veces en que el presidente Carlos Alvarado y su ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, se manifestaron a favor de la plataforma, antes de emitir esta «instancia» que ahora resulta contradictoria con sus posiciones previas de apertura y «no persecución» a Uber.
El semanario El Financiero, por su parte, hizo eco de la respuesta de Uber a la posición del Gobierno en la que aseguró que 22.000 conductores «no pueden dejar de generar ingresos en espera de una regulación».