El proyecto de ley que presentó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para regular a las empresas de plataformas tecnológicas de transporte, como Uber, impone requisitos absurdos, que se alejan de un intento por modernizar el transporte en el país.
Quizás el menos verosímil de todos es que empresas como Uber -que cumplió 3 años de operar en el país- tengan que pagar un canon de 18.600 salarios base para regularizarse.
Dado que el salario base para 2019 se estableció en ¢446.200, esto daría como resultado un permiso para operar de ¢8.300 millones.
Pero para que parezca más un relato real maravilloso, el proyecto plantea que una empresa del mismo tipo que nunca hubiera operado en el país (¿Lyft?) se podría instalar por ¢44,6 millones y pagar la mitad por una renovación.
La ley favorecería entonces le llegada de nuevas empresas, al tiempo que castigaría a la que ha provisto de una actividad económica a unas 22.000 personas, muchas desempleadas, durante los últimos 3 años. ¿Qué se le cobra a Uber? ¿y a la nacional Nova?
Pero las locuras no terminan ahí. El proyecto también crea un Fondo Nacional de Movilidad administrado por el Consejo de Transporte Público (algo ya suena mal), el cual se financiaría de tres fuentes: el pago de derecho de inscripción de las empresas en el Registro; un aporte del 3% sobre el precio final cobrado en cada servicio y las sanciones administrativas a empresas de plataformas tecnológicas de transporte.
¿Para qué tanto dinero? Pues para distribuirlo entre los taxistas por medio de subsidios para la compra de vehículos nuevos, los cuales además ya están totalmente exonerados. Es decir, los costarricense subsidiando una actividad de la que se benefician pocos.
Pero no acaba ahí… hasta un 20% del Fondo sería para algo tan subjetivo como “asistencia social” a concesionarios de taxis, o sea, dueños de placas. Eso sí “previo estudio socioeconómico”… ¡Plop! ¡Crea clientelismo y más burocracia!
Y como lo que es bueno para el ganso, no siempre lo es para la gansa… pues se exige a los conductores de Uber que se inscriban ante la seguridad social ¡Pero no establece esta obligación para los choferes que son reclutados por los dueños de placas de taxi!… Habría que revisar con lupa cual es el aporte a la seguridad social actual de la Fuerza Roja.
A las plataformas tecnológicas también se les impone un pago anual de $200… por costos administrativos. A los taxis les sale gratis.
La Ley también es antojadiza en cuanto a los límites y restricciones. Tal es el caso de impedir que Uber o cualquier otra empresa ofrezcan transporte en vehículos donde quepan más de 7 personas. De sobra queda decir que el MOPT no querría un enfrentamiento nuevo, ahora con los autobuseros… entonces, lo mejor -para el MOPT- es que el cliente no pueda escoger.
Los usuarios de transporte del país son los que más perderían… no por pagar un IVA del 13% -que no desembolsarían por usar buses o taxis-, sino porque el proyecto solo contempla la tenencia de pólizas y la protección de datos, como los únicos intereses legítimos de los consumidores.
Precisamente el martes en la mañana, antes de que se entregara el proyecto a la Asamblea Legislativa, las dos principales asociaciones de consumidores (Consumidores de Costa Rica y la Asociación de Consumidores Libres) denunciaron que nunca se les posibilitó opinar sobre el proyecto, algo que sí se permitió a los taxistas.
“Ese proyecto es una aberración que tiene como finalidades hacer el servicio más caro y darle dinero al Consejo de Transporte Público, que ha demostrado que no tiene capacidad para regular el transporte. Eso es inaceptable”, dijo Erick Ulate de Consumidores de Costa Rica, cuando conoció el proyecto. Lleva la razón.