Con la finalidad de luchar contra malas prácticas y estafas en línea, desde mayo pasado el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) creó una unidad llamada Observatorio del Comercio Electrónico, que le permite actuar de oficio en la investigación de temas relacionados a las ventas por medio de plataformas en Internet y redes sociales.
Hasta la fecha ha revisado la oferta de 725 sitios web. Tras un análisis de su comportamiento, el Ministerio ya emitió 15 prevenciones y 5 más están pendientes de tramitar.
Dichas advertencias obligan a los comercios a ajustar sus prácticas a la legislación actual o de lo contrario se exponen a las multas que contempla la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
Junto al Observatorio el MEIC emitió un decreto ejecutivo en octubre que norma el comercio electrónico y que eleva los estándares costarricenses al mismo nivel de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las nuevas reglas contienen pliego de exigencias que ya se piden en materia de información al cliente en ventas físicas, como: los términos del contrato en idioma español, el precio final de la compra (incluidos todos los impuestos y comisiones), el recordatorio de la existencia de una garantía legal y la manera en que puede hacerse válida.
Debe existir un comprobante de compra que se entrega al consumidor por vía electrónica y no puede quedar duda sobre cómo se proveerá la asistencia.
La nueva normativa cobra importancia para los “influencers”, pues ahora deberán especificar de manera clara cuáles de sus posteos corresponden a publicidad de un producto, ya sea porque reciben un pago por esto, o un regalo del producto con el fin de ser exhibido en su uso.
También le incumbe a las páginas web de toda índole y medios digitales, que deben aclarar cuál contenido corresponde a publicidad y cuál a información.