La conformación de la canasta básica tributaria, anunciada el jueves por el Gobierno y los intereses de las tarjetas de crédito son las preocupaciones que expresan las dos principales asociaciones de consumidores del país en el marco del Día Mundial del Consumidor.
Para la asociación Consumidores de Costa Rica, el Gobierno asestó un fuerte golpe al bolsillo de todos los costarricenses, al decretar una canasta básica tributaria que deja por fuera productos de primera necesidad para una parte de la población. A estos productos le aplicaría un 13% del IVA a la mayor cantidad de productos posibles y dejando solo unos pocos con un 1%.
La agrupación reclamó que, pese a que realizó observaciones puntuales durante el proceso de consulta pública al Ministerio de Hacienda el pasado 15 de febrero, las mismas no fueron respondidas. Tampoco habrían recibido respuesta de la ministra de Hacienda, a quien le enviaron dudas, consultas y cuestionamientos técnicos respecto de los fundamentos, concepto y naturaleza de la canasta básica tributaria.
“En el Día mundial de los derechos del consumidor el Gobierno de la República nos regala una definición de canasta básica antojadiza que afectará directamente los bolsillos de los consumidores, promoverá la informalidad en los sectores y generará más desempleo”.
“Esta canasta básica tributaria es el resultado de la visión equivocada de la salvación de los gastos del Estado a partir de la comida de los más pobres”, añadió Gilberto Campos, vicepresidente de la asociación.
Por su parte, la Asociación de Consumidores Libres (ACL) informó que trabaja en el planteamiento de una acción legal colectiva, ante las altas tasas de interés que cobran las entidades financieras emisoras de tarjetas de crédito.
“Una de cada tres consultas que se realizan en la asociación, son sobre tarjetas de crédito y las condiciones en las que las entidades negocian. A nuestra asociación le preocupa el nivel de endeudamiento en tarjetas de crédito. Hay bancos que cobran 50% de interés cuando la tasa de inflación es sumamente baja. Desde la asociación pondremos especial atención a esta situación dado el peligro que significa a miles de familias costarricenses”, afirmó Rogelio Fernández, abogado y vicepresidente de la ACL.
Ante las constantes consultas, la asociación está valorando con un equipo legal y varios profesionales en ciencias económicas, presentar una denuncia contra algunos de estas entidades. El análisis es preliminar, pero en la primera etapa, hay más de 500 personas ofreciendo sus casos para valoración.