Consumidores de Costa Rica y Consumidores Libres denuncian que el proyecto anunciado hoy por el gobierno, lejos de definir el futuro de los servicios de movilidad colaborativa en el país, viene a “taxificar” plataformas como Uber en perjuicio de los consumidores y a encarecer el servicio.
El proyecto de ley ataca de forma directa a la actividad castigando con una multa de 8300 millones de colones para plataformas que actualmente estén operando.
Además, la ley crea un impuesto especial que será utilizado en un 80% para financiar la compra de vehículos de nuevos para el gremio de taxistas y el otro 20% para darles un subsidio económico. Es decir, se le traslada por completo el subsidio del taxi al consumidor a través de impuesto.
Por otro lado, desconociendo la realidad de desempleo del país y las más de 22 mil conductores de Uber, el proyecto dejaría por fuera a casi la mitad de las personas que hoy tienen una fuente de ingreso gracias a estas plataformas. Para quienes puedan entrar, las obligan apagarle al CTP $200 por carro y $35 por cada conductor.
Otro elemento preocupante, es que obliga al usuario a renunciar a su privacidad permitiéndole al gobierno saber quien viaja, a que sitio se dirige, las zonas en las que se moviliza, las horas en las que toma servicios, la calificación que recibe entre otros datos, que los usuarios se verían obligados a darle al Estado.
En palabras de Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres “El día de hoy, desafortunadamente hemos visto como el gobierno se ha limitado a proponer un proyecto sesgado que compromete el derecho a elegir al usuario, vulnera la competitividad de los servicios, encareciendo la actividad con el fin de financiar al gremio de taxistas”.
Este desconocimiento sobre la actividad no es de extrañar luego de que por meses, el gobierno y el MOPT se negaran a entablar un diálogo con la industria y principalmente los consumidores, en clara violación al artículo 33 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que indica que organizaciones como las aquí representadas deben ser incluidas en la toma de decisión y reclamo en torno a cuestiones que afecten los intereses del consumidor.
Por el contrario, el MOPT hizo oídos sordos a todas las solicitudes que formalmente realizamos, hecho que fue cuestionado por la Defensoría de los Habitantes y ante el cual el MOPT se limitó a señalar en una nota del 19 de diciembre de 2018 que los consumidores ya eran representados a través el Consejo de Transporte Público.
Esta resulta una excusa inaceptable al ser este ente el que históricamente, ha obstaculizado el desarrollo del sistema de transportes en el país con el fin de proteger los intereses de los gremios de transportistas.
Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica, indicó: «este proyecto es absurdo, nuevamente el Gobierno pretende apagar una braza caliente con el dinero de los usuarios, más impuestos es la receta de la Administración de Carlos Alvarado para todo, poco creativos y desfasados en el avance tecnológico»
Frente a este claro atropello de derechos, las asociaciones de consumidores realizan un vehemente llamado a Asamblea Legislativa, para que se nos otorgue un espacio dentro la Comisión de Económicos con el fin de pronunciarse sobre las afectaciones inminentes de taxificar la discusión en el país.
La coyuntura del país exige soluciones y políticas públicas La coyuntura del país exige soluciones y políticas públicas pensadas en el bienestar de los ciudadanos y no en el beneficio de los grupos de presión.
Más perjudicial para el País que esos piratas se sigan llevando cerca de $150 millones por año y no le dejan nada al País ,pero estos que defienden a estos piratas si se sirven del País enviando sus hijos a escuelas,colegios,universidades públicas ah pero usan uber no me defiendan.